Un Juez de Control vinculó a proceso a Gerardo Octavio Vargas Landeros, Genaro “N”, Cecilia “N” y a integrantes del Comité de Adquisiciones del Municipio de Ahome, por su probable responsabilidad en el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, informó que Gerardo Octavio Vargas Landeros también fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público.
De acuerdo con la investigación, los hechos están relacionados con la celebración, el 27 de enero de 2022, de un contrato mediante adjudicación directa para la prestación de servicios relacionados con la recuperación del Impuesto Predial del Municipio de Ahome.
La Fiscalía señaló que, tras analizar el expediente del contrato, así como documentación contable y fiscal proporcionada por el Ayuntamiento de Ahome, se obtuvieron datos que presuntamente establecen que no era necesaria la contratación de un despacho externo para realizar las gestiones de recuperación del impuesto predial.
Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó ante el Juez de Control los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, los cuales fueron valorados por el órgano jurisdiccional.
El juez determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer, en esta etapa del proceso, la probable responsabilidad de los imputados y resolvió vincularlos a proceso.
Medidas cautelares
Como parte de las medidas cautelares, Gerardo Vargas Landeros, Genaro “N”, Cecilia “N”, Antonio Humberto “N”, Gerardo Iván “N”, Héctor Adonaí “N”, Fausto Rubén “N” y Judith Elena “N” deberán presentarse mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
Además, tienen prohibido salir del país sin autorización judicial.
En el caso de Cecilia “N” y Judith Elena “N”, el Juez de Control también determinó la suspensión temporal de sus respectivos cargos como Síndica Procuradora y Regidora.
El órgano jurisdiccional estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán continuar aportando elementos dentro del proceso.
La vinculación a proceso no representa una sentencia ni determina responsabilidad penal definitiva; el proceso continuará conforme a las etapas establecidas por la legislación.
