Trece elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron vinculados a proceso por el homicidio de las niñas Leidy y Alexa, de 11 y 7 años de edad, respectivamente, así como por la tentativa de homicidio de otros cuatro integrantes de la misma familia: una adolescente de 14 años, un menor de 12 y dos adultos.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025, en la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa. Aquella mañana, la familia se dirigía a la escuela cuando, al encontrar el camino bloqueado, decidieron regresar a su domicilio. Fue en ese momento cuando, sin previo aviso, un convoy del Ejército mexicano abrió fuego contra la camioneta en la que viajaban.
En un inicio, las autoridades informaron que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue corregida públicamente.
Desde entonces, la familia denunció el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza, y con el acompañamiento del Centro Prodh, emprendió una lucha legal para exigir justicia.
El pasado 31 de marzo de 2026, las víctimas fueron notificadas de la ejecución de órdenes de aprehensión contra 13 militares. Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República presentó pruebas que acreditan que el uso de la fuerza fue injustificado y contrario a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, señalando además que hubo una actuación dolosa.
Por su parte, las defensas argumentaron que los elementos actuaron en un contexto de violencia en Sinaloa, bajo condiciones de alerta y nerviosismo.
Sin embargo, el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, con sede en Los Mochis, determinó vincularlos a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura de dolo eventual, al considerar que los militares contaban con el adiestramiento suficiente para prever las consecuencias letales de sus actos.
Durante la audiencia, los padres de Leidy y Alexa estuvieron presentes y expresaron cómo este hecho destruyó irreparablemente su proyecto de vida, al tiempo que reiteraron su exigencia de justicia pronta y efectiva.
Este caso abre ahora una nueva etapa en la que la Fiscalía deberá fortalecer la investigación, mientras que el Poder Judicial tendrá el reto de garantizar un proceso imparcial y respetuoso de los derechos humanos.
El caso de Leidy y Alexa no solo representa la tragedia de una familia, sino también evidencia los riesgos del uso de la fuerza militar sin controles efectivos, en un contexto donde las violaciones a derechos humanos por parte de fuerzas armadas frecuentemente quedan impunes.
Las familias, por su parte, han dejado claro que continuarán en la búsqueda de verdad y justicia, no solo para las niñas, sino para todas las víctimas de abusos en un contexto de creciente militarización.
