El Congreso de Sinaloa aprobó la minuta que envio la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que contiene Decreto que reforma el artículo 127 Constitucional y que prohíbe que toda persona del servicio público tenga una pensión cuyo monto exceda la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo federal.
Se establece que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas conforme a la fracción IV del artículo 127 Constitucional, y que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán ajustarse al límite establecido en el párrafo segundo de dicha fracción, incluyendo las que se encuentren vigentes.
María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, expresó que el objeto es evitar pensiones desproporcionadas o privilegiadas financiadas con recursos públicos, especialmente aquellas otorgadas a exfuncionarios de altos mandos o personal de confianza en el sector público.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la remuneración ordinaria total líquida mensual neta de la Presidenta de la República es de $134,290 pesos mensuales.
Con base en la explicación del Ejecutivo federal sobre el alcance de la reforma, las pensiones de exfuncionarios de altos mandos no podrán exceder el 50% de dicha remuneración.
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