La diputada federal Anabel Acosta Islas informó que, con 324 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud que prohíben la producción, distribución y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país, lo que podría derivar en penas de hasta ocho años de prisión para quienes los comercialicen. La iniciativa también reconoce al vapeo como una amenaza a la salud pública, permitiendo impulsar políticas para reducir su consumo y proteger a grupos vulnerables.
La legisladora señaló que los jóvenes y adolescentes son los principales consumidores y que muchos desconocen que inhalan micro partículas altamente dañinas, no vapor inocuo. Subrayó que la aprobación de esta reforma representa un paso decisivo para cuidar la salud de las familias mexicanas y reforzar el principio de precaución ante riesgos sanitarios emergentes.