La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado dictaminó la reforma al artículo 234-A del Código Penal, que propone aumentar las penas para quienes ejerzan violencia familiar contra mujeres embarazadas y personas con discapacidad. La iniciativa, presentada por la diputada Marcela Valenzuela Nevárez (Morena) y votada por el diputado René Edmundo García Rojo (PT), busca cerrar un vacío legal que dejaba fuera a estos grupos vulnerables de las agravantes existentes.
Para enriquecer la propuesta se realizaron ejercicios de parlamento abierto y foros con abogados, especialistas, estudiantes y ciudadanía, asegurando que la reforma responda a las necesidades de protección de los sectores más vulnerables. La medida se alinea con el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca paz, justicia y reducción de todas las formas de violencia.
