Dos elementos femeninos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de Mazatlán que cuentan con dictámenes médicos que acreditan presentar discapacidad permanente desde el año 2022 y derecho a jubilación por invalidez, no han logrado una resolución definitiva, por lo que piden una definición por parte del Ayuntamiento a su situación laboral.
Una de las oficiales afectadas, identificada como Adiley Navarro, enfrenta condiciones de salud que le provocan dolores crónicos, motivo por el cual requiere medicación constante y atención especializada para el manejo del dolor. Sin embargo, se le exige acudir cada 28 días al hospital para comprobar su supervivencia debido a la falta de un dictamen oficial que le permita acceder a la jubilación.
La afectada, indicó que hasta el momento, hay una deuda superior a los 400 mil pesos derivada de pagos retroactivos que no se han cubierto, y que las instancias legales ya han determinado el reconocimiento de sus derechos.
En el caso de Karen Garzón, otra de las afectadas, contó que tras un accidente laboral presentado en el año 2020 al tratar de detener a un motociclista en un "arrancón", le provocó una fractura de tibia que ha sido intervenida de manera quirúrgica 7 veces, motivo por el cual a provocado movilidad mínima de toda su pierna izquierda.
La Regidora Maribel Chollet Morán, del Partido Revolucionario Institucional, señaló que uno de los expedientes permanece detenido desde hace más de ocho meses tanto en el área jurídica como en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a pesar de haber sido clasificado como prioritario.
Señaló que el retraso en el trámite genera afectaciones directas a las afectadas y constituye una carga económica para el erario, ya que estas omisiones derivan en demandas laborales que terminan con sentencias a favor de los trabajadores.
