El gobierno del estado puso en marcha el mecanismo de protección para personas Defensoras de Derechos humanos y periodistas, a través de la firma de convenio con la federación, esto una vez que fue nombrada por el congreso del estado, Jenni Judith Bernal como nueva directora del Instituto de Protección a Periodistas y defensoras de derechos humanos.
En esta firma de convenio, en representación del gobierno federal estuvo Alejandro Encinas, sub secretario de derechos humanos, quien destacó que el objetivo principal de este mecanismo, además de la coordinación que habrá entre las instituciones, es fortalecer las capacidades institucionales y las acciones preventivas para atender esta lamentable situación que se enfrenta en el país como son las agresiones, amenazas y asesinatos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
Encinas Rodríguez reconoció que lamentablemente no se ha logrado frenar la violencia contra quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos y tampoco se ha conseguido desarrollar las capacidades para castigar a los responsables de esto delitos, es decir la impunidad sigue siendo un factor determinante para estas agresiones y asesinatos sigan ocurriendo.
Por su parte Enrique Irazoque, titular de la unidad para la defensa de los derechos humanos de la Secretaría de gobernación, señaló que el país atravieza por un momento complejo, dijo que ha habido un aumento sostenido desde hace más de 15 años en el tema de agresiones y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos y en esto se han identificado de manera clara los factores más recurrentes y los actores de esta violencia y son la delincuencia organizada, la impunidad, las autoridades locales, principalmente Municipales, y una marcada falta de cultura sobre la importancia del periodismo y los derechos humanos.
El gobernador del estado Rubén Rocha Moya, señaló que existe toda la disposición del estado para que a través de este mecanismo de protección se implementen acciones eficientes que ayuden a garantizar el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y la promoción y defensa de los derechos humanos en Sinaloa.