El Senado aprobó en lo general y en lo particular por votación unánime la Ley General de Educación Superior, propuesta por el senador Rubén Rocha Moya y que tiene como objetivo garantizar a la población su derecho de acceder a este nivel educativo y establece la obligatoriedad de la gratuidad de la educación en sus instituciones públicas.
“Esta es una ley que va a regular para bien la educación superior en el país y seguramente será un instrumento que le permita elevar sus estándares de calidad”, puntualizó el legislador de Morena por Sinaloa al fundamentar en tribuna el dictamen de proyecto de decreto con el que se expide la LGES y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior de 1978.
En una segunda participación, después de la discusión y previa a la votación del dictamen, el presidente de la Comisión de Educación recalcó:
“Quiero felicitar a todas las compañeras y compañeros senadores, creo que ha sido este un reporte legislativo elaborado de manera colectiva, quiero a la vez agradecerle al coordinador Ricardo Monreal que nos haya permitido presentar la ley ahora y hayamos consumido muchísimo tiempo, pero creo que esto es para bien de la comunidad académica de educación superior”.
Rubén Rocha Moya destacó que esta ley regula tres subsistemas: universidades, tecnológicos y normales; trata la evaluación, el tema del respeto a la autonomía universitaria, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores en las universidades y se refiere a las atribuciones que tienen la Federación y los estados.
Las y los legisladores, de todos los grupos parlamentarios, que participaron en tribuna en la discusión en lo general hablaron a favor del dictamen y reconocieron el trabajo del senador Rubén Rocha Moya en la construcción de la ley por consenso.
La ley aprobada reconoce y respeta la autonomía universitaria como elemento indispensable para el desarrollo armónico de la educación superior en el país; y diseña esquemas de financiamiento en el Presupuesto de Egresos para las erogaciones en educación superior, y un fondo especial de obligatoriedad y gratuidad.
La LGES precisa que la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del gasto se realizarán conforme a la legislación respectiva, y respetando, en todos los casos, la autonomía universitaria.
También establece las bases para que la educación superior contribuya a los objetivos del Acuerdo Educativo Nacional, con un enfoque de cobertura universal, además del cumplimiento gradual de la obligatoriedad del Estado y la progresividad de la gratuidad de la educación superior.
Con el fin de coordinar los subsistemas y acordar las acciones y estrategias que permitan impulsar el desarrollo de la educación superior, esta legislación crea el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, como órgano colegiado de interlocución, deliberación, consulta y consenso.
