El
Senado dio luz verde con amplia mayoría a uno de los grandes proyectos del
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien durante la campaña electoral de
2018 prometió implementar una amnistía para pacificar el país frente a la ola de
violencia.
El
texto aprobado prevé amnistiar a las mujeres encarceladas por homicidio al
haber abortado, así como a los sanitarios o familiares que participaron en
la interrupción del embarazo con el consentimiento de la madre.
También
a personas que poseyeron o traficaron con drogas bajo situación de pobreza,
una discapacidad permanente o que fueran obligadas por grupos del crimen
organizado.
Además,
prevé indultar a aquellas personas que, sin fines de venta, hayan poseído el
doble de la cantidad permitida de narcóticos.
Podrán
acogerse a la amnistía los indígenas que durante un proceso judicial no
contaron con intérpretes o abogados que conocieran su lengua y su cultura.
Se
podrá amnistiar también a aquellas personas procesadas o condenadas por el delito
de robo simple en caso de que este fuera sin violencia.
Asimismo,
el texto prevé liberar a aquellas personas que cometieron una sedición para
alterar la vida institucional de México por motivos políticos, siempre que no
cometieran terrorismo.
Una
comisión gubernamental se encargará de solicitar ante el juez y la Fiscalía la
liberación o
desistimiento del proceso contra las personas que cometieron alguno de esos
delitos tras un plazo de cuatro meses para estudiar cada caso.
No
serán amnistiadas personas que cometieron actos con violencia, que fueron reincidentes o
que fueron condenados por delitos graves, como asesinato, femincidio,
secuestro, robo de casas o robo de combustibles.
El
dictamen fue aprobado en lo general con 84 votos: 68 a favor, 14 en contra y
dos abstenciones. En lo particular, con 63 votos a favor, 12 en contra y tres
abstenciones, con lo que se expide en sus términos.
Aunque
se aprobó en el senado esta ley para descongestionar las cárceles ante la
pandemia de COVID-19, se prevé que las primeras liberaciones tarden varios
meses.
Organizaciones
de derechos humanos celebraron el sentir de esta medida, aunque desconfiaron de
su alcance dado que la mayoría de presos por delitos leves están en cárceles
estatales y no federales, donde se aplicará la amnistía.
En
México hay 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17.000
reclusos y 309 penales estatales con unos 176.000 encarcelados.
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