La CNDH anunció que envió una recomendación al coordinar de la instancia, Andrés Alfonso Ramírez Silva, "por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, legalidad y al interés superior de la niñez, en agravio de 112 personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado". La CNDH acreditó que durante 2017 y 2018, 112 personas solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comar.
Pero está autoridad "transgredió su derecho a la seguridad jurídica y legalidad al no cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político".
Así, hubo "omisión" y "dilación" entre la presentación de la solicitud de las personas y la determinación sobre su admisión, al tardar entre uno y ocho meses para determinar si era admitida o no la petición. En este tiempo, las personas permanecieron en el país sin "documento alguno".
"También acreditó que a pesar de que los solicitantes dieron respuesta en tiempo y forma a la prevención que les hizo la Comar, ésta no resolvió si admitía o no su solicitud", continuó el comunicado.
"Este organismo nacional evidenció la omisión y dilación en realizar en forma personal las entrevistas de elegibilidad y de asistencia institucional a los solicitantes", subrayó.
Por ello, la CNDH recomendó al coordinador general de la Comar reparar los daños causados a las 112 víctimas, incluyendo atención psicológica y asesoría jurídica en términos de la Ley General de Víctimas.
La CNDH también envió copia de esta recomendación a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, solicitando realizar los cambios legislativos, estructurales y de presupuesto para dotar a la Comar de la infraestructura necesaria.
Desde mediados de octubre del año pasado, miles de migrantes -en su mayoría centroamericanos- cruzan México con el objetivo llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos en caravana para mayor seguridad.
A raíz de este éxodo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció a finales de mayo la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos como castigo por no frenar la migración.
Pero el 7 de junio se llegó a un acuerdo 'in extremis' para evitar los aranceles que se ha traducido en el despliegue de miles de efectivos -más de 20.000- de las fuerzas mexicanas y la nueva Guardia Nacional en la frontera sur y norte para controlar el fenómeno migratorio.
La cifra de deportaciones en México aumentó un 32,7 % en junio con respecto al mes de mayo, pasando de 16.507 a 21.912 extranjeros devueltos por las autoridades a sus países de origen.
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