La Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria obtuvieron las primeras 13 sentencias condenatorias por delitos fiscales en contra de socios y representantes legales de una red de empresas fantasma en Veracruz, que recibieron recursos públicos del gobierno de Javier Duarte.
Además, Jueces federales giraron 13 órdenes de aprehensión más contra otros involucrados, mientras que el SAT presentó cinco nuevas denuncias contra quien resulte responsable tras confirmar que las operaciones entre las compañías y el gobierno de Veracruz de ese tiempo fueron simuladas.
Entre los sentenciados hay personas de bajos recursos, militantes del PRI en Veracruz o gente que aunque no eran empresarios simularon que lo eran en el papel, proporcionando datos fiscales falsos para convertirse en accionistas y representantes legales de las compañías.
Todos aceptaron declararse culpables, a cambio de sentencias leves que les permitieran no ir a prisión.
Estos falsos empresarios están vinculados con las compañías fachada las cuales, mediante licitaciones simuladas y adjudicaciones directas irregulares, recibieron contratos de 4 dependencias del gobierno de Duarte: Desarrollo Social, Protección Civil, Educación y el DIF Estatal.
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