De acuerdo con el Semáforo Anticorrupción, solamente Chiapas y Nayarit cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción; satisfactoria que se debe implementar antes del 18 de julio, mientras que 24 entidades aún no cuentan con alguna ley y el resto aún tienen pendientes por realizar.
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Estos dos estados cumplen con los requisitos mínimos para iniciar con los nombramientos de su comisión de selección, comité de participación ciudadana y reformas legales secundarias, explicó el Instituto Mexicano de la Competitividad.
Como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, creado por la reforma constitucional de 2015, las 32 entidades del país tienen que implementar Sistemas Locales Anticorrupción, cuya estructura, función y facultades deben ser equivalentes al SNA.
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De esta manera, el IMCO diseñó una “Ley modelo” para asegurar el marco normativo y desarrollo de las entidades para lograr sus sistemas anticorrupción antes de la fecha límite para su implementación, el 18 de julio de este año.
Por su parte, Puebla y Nuevo León tiene una iniciativa de ley del SLA satisfactoria; Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, cuentan con una iniciativa del SLA regular, mientras que Morelos registra una iniciativa del SLA deficiente.
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En el apartado “Semáforo de la reforma constitucional”, el IMCO dio a conocer que sólo Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Querétaro, Nayarit, Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán tienen reformas vigentes que son consideradas satisfactorias, mientras que Jalisco, Morelos y Veracruz cuentan con legislaciones con graves omisiones que pueden generar problemas de intereses.
En tanto, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas no tienen presentada alguna iniciativa de reforma, a pesar de que es el primer paso para lograr transparencia en las entidades.
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“Los congresos locales tienen como mandato implementar el Sistema Local Anticorrupción antes del 18 de julio de 2017, por lo que los estados pueden aprovechar la Ley Modelo para agilizar los procesos legislativos y evitar riesgos de inconstitucionalidad”, precisa el IMCO.
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