En la Guardia tradicional de la Loma de Bácum, las autoridades yaquis refrendaron su rechazo a la obra del gasoducto tras destacar los riesgos de que una obra de tal envergadura, se construya sobre su territorio.
El secretario Martín Valencia, tras pedir autorización al Gobernador para hablar en su representación, recordó que dicha autoridad de la Loma de Bácum interpuso una demanda de amparo en el Juzgado Séptimo de Distrito por la obra del gasoducto, en el expediente 312/2016, por el cual el Juez Federal ordenó a la empresa IEnova Gasoducto de Agua Prieta no continúe con la obra, en tanto se recaudan todas las pruebas que se requieren. Agregó que las autoridades de la Loma de Bácum, han actuado en todo momento conforme a las leyes nacionales e internacionales que como etnia los amparan, derecho que señalaron han sido violentados ante la continuación de la obra.
Consideraron que ante la violación a los derechos de la etnia, es que se levantó un oficio dirigido a la Procuraduría General de Justicia de Sonora y a la propia Gobernadora Claudia Pavlovich para que pudiera acudir a la invitación que le realizara mismo que fue leído por Higinio Ochoa Vega, integrante de la etnia.
En él se refirió el juicio de amparo número 312/2016 promovido ante el juzgado séptimo de distrito con residencia en Ciudad Obregón, en contra de la construcción de la obra del gasoducto donde se expidió una medida cautelar a favor de la autoridad para que no continuaran los trabajos de la obra, siendo el pasado 30 de septiembre cuando éstos se reanudaron en las tuberías para lo cual se accionó un incidente por haberlo hecho.
Resolviéndose una medida cautelar impuesto a la empresa gasoducto de Aguaprieta S.D.R. de C.V. notificándole la paralización ante la medida solicitada hasta no resolverse la medida de amparo que debía respetar.
Señalaron que son un pueblo pacífico y que se han ido por la vía legal en aras de buscar un consenso entre los ocho pueblos, por lo que se buscó a las autoridades desencadenándose los acontecimientos del pasado viernes.
Además de que continúan a la espera de que se resuelva el amparo promovido por ellos y otorgado por un juez federal. Explicaron que los hechos violentos iniciaron desde el jueves 20 de octubre, cuando se solicitó la presencia de un notario público para observar los trabajos realizados por la empresa del gasoducto, impidiéndole el ingreso, principalmente por Cesáreo Cota Tórtola, capitán de la Loma de Guamuchil.
Recalcaron que desde el pasado 14 de octubre se notificó a las autoridades de seguridad del municipio de Bacum así como al Ministerio Público Federal amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades de la loma de Guamuchil, encabezados por Cesáreo Cota Tórtola.
Agregó que fue alrededor del mediodía del viernes 21 de octubre cuando llegaron cientas de personas en varias camionetas comandadas por Cesáreo Cota Tórtola con el rostro cubierto con la intención de tomar la Guardia, registrándose los sangrientos hechos, motivo por lo cual solicitaron ante la zozobra existente, que las autoridades de seguridad permanezcan en el lugar.
Este día (sábado) permanecían a la entrada de la comunidad once patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública pero el temor por parte de la población estaba latente.
Aclararon que dentro de los usos y costumbres de la etnia, no se contempla que otro pueblo pueda acudir a otro a imponer una autoridad que hayan elegido, por lo que sería ilegítimo cualquier intento. Integrantes de la etnia presentes mencionaron que el contrato con la empresa del gasoducto, no sólo corresponde al espacio del que se habla, sino contempla todo el territorio, además de que en su implementación se profanarían terrenos sagrados dentro de la cultura yaqui.
Señalaron que no se oponen al progreso ni al desarrollo de una empresa siempre y cuando no sea por sus tierras, ante los riesgos que representa una obra de este tipo en caso de una explosión. Solicitaron a las autoridades que el personal adscrito a la Procuraduría General del Estado pidió la permanencia por un tiempo razonable en la comunidad de la PEI y la Preventiva para evitar otro ataque a las autoridades y miembros de la comunidad, niños, mujeres y adultos.
