Evidencian que PGJE discrimina beneficios a victimas del delito.

Desde el pasado 10 de junio, la familia Ojeda Lugo vive un calvario trás la desaparición del Sr. José Enrique Ojeda Félix. La mañana de ese lunes salió rumbo a su trabajo, un taller eléctrico ubicado en la colonia Las Vegas , lugar al que nunca llegó, desde entonces se desconoce su paradero... Adriana Lugo, esposa de José Enrique y madre de tres hijos, se cuestiona ésta desaparición aparentemente sin motivos y que ha traido la incertidumbre, la intranquilidad de la familia, que desde ese dia enfrenta un trauma psicológico... Una investigación que no registra ningun avance, peor aún , la Procuraduria de Justicia ni tan siquiera le ofreció a la familia de José Enrique acogerse a la ley de protección a victimas del delito, una obligación de la dependencia judicial según expresa la comisión de derechos humanos... Fue apenas con la asesoria y acompañamiento de visitadores de derechos humanos como la Sra Adriana fue atendida por las autoridades ministeriales , ahi presentó la solicitud de apoyo y de inmediato comprometieron ayuda psicológica, una beca educativa mensual por mil 200 pesos, despensas alimenticias durante 6 meses y quedará abierta la posibilidad de acceder a una ayuda económica... Además será el ministerio público quien evalue si el caso del Sr Ojeda Felix pueda ser atraido por la PGR a través de la recien creada comisión para la investigación de desapariciones forzosas, por ahora dicha investigación queda a cargo del fuero común ..