Drama en familias de desaparecidos.

Un drama acompañado de lágrimas, incertidumbre, fe y de un peregrinar que no encuentra cobijo, solo promesas y un laberinto de expedientes que no llevan al paradero de una persona desaparecida. El término de desaparición forzada significa ausencia involuntaria de una persona, por parte de agentes del estado o con la complacencia de estos. Pese a que la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos desde hace seis años, tiene documentadas 300 desapariciones forzadas en Sinaloa no esta tipificada como delito. La lucha de activistas es incluirla en el Código Penal de Sinaloa, pero lo ideal sería se legisle sobre la prevención, investigación, persecución, atención a víctimas y castigo a los responsables, la iniciativa de ley se encuentra desde diciembre del 2011 en el Congreso del Estado. Legalmente una desaparición forzada no existe, pero además no se cataloga como delito federal o del fuero común, los obstáculos llegan desde el momento de interponer una denuncia. A raíz de una manifestación en la cede del evento en la reciente visita del titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, familiares de desaparecidos se reunieron con el funcionario federal y el gobernador, Mario López Váldez, solo hubo promesas que no se han cumplido asegura la señora Sandra, madre de Edgar, desaparecido desde hace un año y cuatro meses. Los activistas de derechos humanos advierten que seguirán tocando puertas, continuarán en la lucha ya que el consuelo para las familias de un desaparecido es difícil. México esta obligado a cumplir con tratados internacionales en la materia, un paso es la creación de grupos especiales para investigación por parte de las instancias locales como federales, tema en el que aseguran se avanza.